Cada día me es más difícil creer, como insinúa el dicho popular, que rectificar sea cosa de sabios. Al menos no es la sabiduría la que ha dirigido los pasos de los miembros del Gobierno español que, de una u otra manera, se han significado de forma pública a raíz del asalto a sangre y fuego -que no desmantelamiento, como eufemísticamente se califica el suceso- del campamento de la dignidad de Agdaym Izik, en El Aaiún. Porque otra cosa no han hecho nuestros responsables políticos, que ir cambiando de parecer a medida que transcurrían los días. Aunque Trinidad Jiménez se lleva la palma con su sucesión de idas y venidas e imposibles equilibrios, no le fueron a la saga el ministro del Interior, tan esquivo a la hora de valorar las restricciones y el apagón informativos impuestos por Marruecos en el Sáhara Occidental, o Ramón Jáuregui, al que la soberanía del territorio ocupado le jugó una mala pasada en sede parlamentaria.
La última en participar del debate fue la ministra de Cultura, a la que no se le ocurrió mejor petición que reclamar a los artistas e intelectuales que opinaban sobre el conflicto del Sáhara que guardaran un prudente silencio. Alguien de su entorno debió recordar a Ángeles González-Sinde que la libertad de expresión que no se respeta en Marruecos ni en el Sáhara ocupado, en España es un derecho fundamental reconocido por la Constitución de 1978. Y llegó entonces la enésima rectificación oficial.
Me pregunté entonces, haciendo un ejercicio de historia virtual, qué habría opinado nuestra ministra de haber tenido responsabilidades política en enero de 1898 en Francia, cuando Émile Zola publicó en el diario L´Aurore su célebre artículo J'Accuse...!, con el que ponía en solfa al Estado, al Ejército y a la Justicia franceses por su lamentable actuación en el caso Dreyfus, considerado uno de los principales ejemplos del compromiso público de los intelectuales con la sociedad y el tiempo en los que viven. ¿Habría recriminado al escritor por su inexperiencia, como hizo con Javier Bardem?
Siguen pasando los días y la única conclusión a la que llego es a la de que lo del Gobierno español en este asunto ha sido un penoso y lamentable papelón envuelto en inconfesados intereses.
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