El fantasma de la reacción recorre España. Los corruptos campan a sus anchas, exhibiéndose sin pudor en todas partes, mostrando los frutos del despilfarro, del saqueo continuado de las arcas públicas, sabedores de su impunidad. El Tribunal Supremo firma una vergonzosa sentencia que ha convertido este 9 de febrero en una fecha negra para la historia de la Justicia en España. Baltasar Garzón, otrora adorado por la derecha extrema por ser el azote del felipismo, es desterrado de la judicatura con el aplauso unánime de los antaño aduladores. El Consejo General del Poder Judicial declara intolerable las críticas al fallo, olvidando seguramente que en este país la libertad de expresión, el derecho a la crítica y a la discrepancia forman parte de la cotidianidad democrática. El flamante ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón -algún día el Grupo Prisa quizás explique a la ciudadanía su empeño de años en presentarnos al cachorro de Don Manuel como el miembro más destacado del sector progresista del Partido Popular- anuncia sin rubor una reforma legal que nos retrotrae a los primeros años de la democracia. Los miembros del Gobierno en su totalidad se escandalizan por las burlas -de mejor o peor gusto, allá cada cual con su valoración- lanzadas contra nuestros deportistas en un canal de televisión francés, cuando nunca, estando en la oposición, se molestaron en reprender a los jinetes del apocalipsis, tan dados al insulto y al mamporro verbal en los medios de comunicación afines. Y para rematar la faena, hoy, 10 de febrero, nos regalan una serie de cambios en el mercado laboral que echan por tierra años de lucha y de conquistas sociales, con la burda excusa de la crisis económica.
