Hace algunos años, cuando investigaba con Mirta Núñez los crímenes del franquismo en los archivos militares, nuestra reclamación de causas judiciales era despachada a menudo con un rotundo no, que se justificaba en la supuesta salvaguarda de la intimidad de los familiares de los represaliados (que eran precisamente los más interesados en conocer la verdad de lo ocurrido a sus parientes), aunque a quienes de verdad querían proteger era a los descendientes de quienes formaban aquellos tribunales de guerra (todos ellos pertenecientes al ejército), a los que no temblaba el pulso cuando de sentenciar a muerte se trataba.
Ahora escucho una excusa muy similar de los responsables políticos y militares de Estados Unidos a raíz de las filtraciones de Wikileaks sobre la guerra sucia, las matanzas y los abusos de los derechos humanos perpetrados en Irak por las tropas norteamericanas e iraquíes y por los mercenarios de Blackwater. Ni el Pentágono ni el Departamento de Estado hablan de investigar los hechos, de llevar a los culpables ante la justicia o de reparar de alguna manera el daño causado. Ni mucho menos se les ha oído pronunciar la palabra perdón. Se escudan en la seguridad nacional y en la protección de las vidas de estadounidenses y de sus aliados.
Me pregunto, mientras leo con espanto los horrores ahora puestos al descubierto por la web de Julian Assange, qué estará pensando aquel que una vez regresó a España con acento tejano y que no dudó en poner una franca sonrisa para la famosa foto de las Azores, aunque en aquel momento se estuviera poniendo en juego la vida de miles de seres humanos.
