Al tiempo que los políticos se muestran incapaces de sacarnos de la crisis y muy temerosos ante las imprevisibles consecuencias de la contestación social que se va extendiendo poco a poco en las calles, los medios de comunicación nos ofrecen cada día algún nuevo capítulo de corrupción en la Administración. Cuando no se trata de algún alcalde -y ya van unos cuantos-, subyugado por el canto de sirena de los dineros inmobiliarios, el protagonista es el presidente de los jueces, amigo de los viajes privados con fondos públicos, un presidente autonómico amante de la moda o el propio yerno del Rey, que parece que encontró un chollo con la utilización del nombre de su real suegro para hacer pingües negocios.
Lo más descorazonador es que tales denuncias de corruptelas se quedan en meras anécdotas informativas, en sabrosos argumentos para un futuro thriller o, lo que es peor, en nada. Desconozco hasta dónde tiene que llegar un cargo público en sus afanes de enriquecimiento para que la Justicia determine su encarcelamiento o un escarmiento disuasorio para imitadores. El dossier de alguno de ellos engorda constantemente (¿cuánto tiempo llevamos leyendo o escuchando las andanzas de Carlos Fabra, Jaume Matas o Iñaki Urdangarín?) y aquí no pasa nada, como si estos personajes estuvieran eximidos -por una norma no escrita- de la aplicación del Código Penal.
Mientras llega ese día, tan lejano como el horizonte, que se va alejando a medida que nos acercamos a él, nos lo tomaremos con humor, con esa gracia tan del gusto de los gaditanos, que no dudaron en dedicar en los pasados carnavales (¡cómo pasa el tiempo!) más de una divertida -y ácida- composición al marido de la Infanta. ¡Qué remedio!
